La PAH Asturiana denuncia la existencia de más de 2.000 viviendas sociales vacías #Granada

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"Mamá, me duele la espalda". La queja se repite cada mañana y procede del hijo de una de las integrantes de la Plataforma por la Vivienda Digna de Uviéu. El menor sufre las consecuencias de carecer de un colchón propio y tener que compartir cama con sus hermanos y su madre. Esta es la situación de otras tantas familias que forman parte de la Plata­forma. Personas que se han quedado sin empleo en los últimos tiempos y que ante la imposibilidad de seguir pagando sus alquileres están ahora viviendo en casas de familiares y amigos, "hacinadas, a veces durmiendo toda una familia en una misma habitación", como denuncia Blanca Fernández, de la Plataforma. La red familiar se ha convertido en la principal tabla de salvación, pero están dando también señales de saturación. Una de las integrantes de la asociación vive ahora con su madre, sus hijos, y su hermana y los suyos, que también atraviesan la misma situación precaria. En total siete personas obligadas a compartir un piso pequeño. Este es el drama cotidiano de las familias trabajadoras más golpeadas por la crisis.

Viviendas públicas cerradas

La negligencia de las administraciones públicas a la hora de resolver su problema contrasta con la celeridad y el apoyo en cambio a las entidades financieras para trasladar sus perdidas al llamado"banco malo". El colectivo uviedín por la Vivienda Digna nació este año a partir de un grupo de personas, sobre todo mujeres con hijos a su cargo, que se encuentran en paro, con empleos esporádicos, recibiendo el salario social básico, o directamente sin ningún tipo de ingresos. Pese a su precaria situación encontraban, sin embargo, sus posibilidades de acceso a viviendas sociales bloqueadas por distintas razones. Tanto por no pertenecer a alguno de los grupos considerados prioritarios a la hora de recibir una vivienda pública, como las mujeres víctimas de violencia de género o las personas desahuciadas, como por la falta de viviendas públicas o por no tener suficientes ingresos para afrontar el alquiler de algunas Viviendas de Protección Oficial (VPO), que rondan los 350 euros, pero que denuncian, pueden llegar a salir, con gastos incluidos, por más de 600 euros mensuales, cantidades inasumibles para familias enteras viviendo con la ayuda de los 426 euros.

La Plataforma por la Vivienda Digna reclama que se bajen los precios de los alquileres y los gastos de comunidad en las viviendas de VPO gestionadas por empresas privadas

Como señala Blanca Fernández, muchas de las viviendas de VPO de Uviéu, como las del barrio de La Corredoria, están muy por encima del valor de mercado, y ya han sido varias las familias que han tenido que abandonarlas por no poder seguir pagando unos alquileres que supuestamente eran de carácter "social". La Plataforma denuncia tanto el coste excesivo de estos pisos teóricamente "sociales", pero gestionados durante 50 años por la empresa privada Arboleya Visoren Norte, que acumula quejas vecinales por la defectuosa gestión de los inmuebles. Cristina Pontón , representante de CC OO en el Comité de Empresa de la constructora Sedes, de carácter semi-público, critica que el Principado recurriese a empresas privadas para construir vivienda social, cuando disponía de una entidad como esta para haber construido vivienda protegida a buenos precios tanto para la administración como para la ciudadanía. Pontón señala que "la vivienda social fue una obra más, entre otras, pero nunca una prioridad para Sedes", que se dedicó a construir antes urbanizaciones y viviendas libres que pisos protegidos.

La Plataforma por la Vivienda Digna reclama que se bajen los precios de los alquileres y los gastos de comunidad en las viviendas de VPO gestionadas por empresas privadas y la apertura de las viviendas sociales que actualmente están vacías. También se quejan de la actuación del Principado y reclaman a la Consejería de Vivienda, dirigida por Esther Díaz, que cumpla su promesa de entregar cada mes dos pisos vacíos.

2.000 viviendas sociales vacías

En un informe de marzo de 2013 sobre vivienda protegida vacía elaborado por la Defensora del Pueblo, la propia Soledad Becerril, del PP, calificaba de "ineficiente y poco aceptable que haya viviendas de protección oficial y de protección pública desocupadas, propiedad de particulares o de las propias administraciones públicas, cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada". Según este estudio habría en toda España 13.504 viviendas protegidas vacías, 9.752 en perfecto estado.

En Asturies serían 540 las viviendas públicas vacías, la mayor parte de ellas, 317, pendientes de reparación. Una cifra que se quedaría muy por debajo de la realidad según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH de Asturies asegura que en nuestra comunidad habría más de 2.000 viviendas sociales vacías, incluyendo en esta categoría también las de VPO. Miguel Ángel García, miembro de esta plataforma, explica que las razones de por qué estas viviendas permaneces vacías son variopintas. El activista considera que la gestión que está haciendo Vipasa del parque de vivienda pública ha sido "pésima" y atribuye a la lentitud, desidia y la burocratización el que "muchas viviendas cerradas en perfecto estado estén cerradas", deteriorándose por la falta de uso o teniendo que ser tapiadas para evitar ocupaciones.

En otros casos han sido adjudicadas, pero las personas que las han recibido prefieren no utilizarlas porque no la necesitan y viven en otra residencia de un familiar, de alquiler o heredada. "Conocemos el caso, por ejemplo, de una pareja a la que a ambos les tocaron sendas viviendas en sorteo", comenta el representante de la PAH. Cristina Pontón, critica que ahora que sería necesario rehabilitar las viviendas públicas vacías, deterioradas o en mal estado, que podrían estar entre 100 y 300, "se apuesta en cambio por la privatización de Sedes", lo cual obligará al Gobierno a contratar los servicios más caros de empresas privadas.

Fernández, de Vivienda Digna de Uviéu critica que en la capital haya en total unos 300 pisos públicos y de VPO vacíos. La activista señala que el Principado va a sortear 40 de ellas, "una cantidad ridícula" en su opinión con respecto a los 3.000 demandantes de vivienda social en la capital asturiana.

Historias del banco malo

Todo suena mal en el "banco malo", empezando por el nombre y siguiendo por el sueldo de su presidenta, Belén Romana, casi 33.000 euros al mes. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha convertido en el sumidero de todas las operaciones fallidas de la banca española, una suerte de museo de los horrores de la burbuja inmobiliaria sufragado por la ciudadanía española. Con la creación del Sareb el dúo sector privado (55%) Estado (45%) asume deudas millonarias de los bancos y les compra todo aquello que ya no tiene ningún interés económico tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, como pisos, bloques de edificios, urbanizaciones y terrenos. Estas propiedades adquiridas muy por encima de su verdadero valor actual, para así evitar pérdidas mayores a los bancos, no se transforman en un parque público de viviendas, como cabría esperar en un momento en el que la población se empobrece aceleradamente y no puede ya pagar sus alquileres, créditos hipotecarios, o en el caso de los jóvenes, irse de casa de sus padres. La PAH denuncia un nuevo "rescate" a los bancos, que además se quedan con el negocio de la venta de los pisos del Sareb a través de sus inmobiliarias. Las entidades financieras pueden llevarse comisiones de hasta el 6% por vender los mismos inmuebles que previamente han vendido al "banco malo".

En Catalunya, Andalucía, Madrid y el País Valenciá la PAH y otros movimientos populares han llevado a cabo ocupaciones de edificios de la SAREB para realojar a familias sin techo. La PAH asturiana "baraja la posibilidad de ocupar viviendas" siempre y cuando los poderes públicos no contribuyan a realojar a las familias desahuciadas. Por el momento la Consejería de Vivienda parece estar reubicando en viviendas públicas a las familias desahuciadas si bien, según Miguel Ángel García, la mejor solución es que las familias puedan quedarse en sus casas, a través de la dación en pago, o en su defecto de la expropiación por el Principado de las viviendas afectadas por desahucios.

Liberbank-Cajastur ha volcado 6.000 millones de euros en "activos tóxicos", entre ellos la finca llanisca de La Talá. Un terreno situado a pocos metros de la costa en el que preveía levantarse una urbanización durante el boom inmobiliario, y que finalmente fue paralizada por los tribunales tras una dura lucha vecinal. El episodio de La Talá supone uno de los más oscuros de la gestión de Manuel Menéndez al frente de Cajastur y es un ejemplo del funcionamiento de la Sareb en Asturies. La CSI, sindicato mayoritario en Cajastur, denuncia que la entidad, "mediante una empresa pantalla (Beyos y Ponga), recompra este solar en el que no se puede construir por 47 millones de euros, en una operación que, tanto a nivel de operativa bancaria como de simple sentido común es más que sospechosa de administración desleal y falsedad documental, entre otros posibles delitos". El Estado en lugar de exigir responsabilidades a los responsables de operaciones ruinosas como esta ha optado por "amnistiarles" adquiriendo a través del SAREB inmuebles como este, ya desprovistos de ningún interés. Un jugoso premio de consolación que no existe para las familias que se han quedado sin sus hogares.

En Xixón la PAH denuncia pisos sociales vacíos y tapiados para evitar ocupaciones
Entre las propiedades del "banco malo" en Asturies están, además de innumerables pisos no vendidos o procedentes de desahucios, edificios emblemáticos como el del antiguo Banco de Xixón, en la calle Corrida, y otros rehabilitados en el centro de Uviéu, así como urbanizaciones construidas cuando ningún proyecto inmobiliario parecía imposible, como la del Parque de Viesques en Xixón, la de Los Balagares en Avilés, o la de El Bosque de La Zoreda a las afueras de Uviéu, en la que llegó a prometerse un lago artificial con club náutico incluido. Sobre esta última el ex-concejal de urbanismo, Alberto Mortera, anunció en 2008 que en los próximos años vivirían en ella 10.000 familias uviedinas.

Eduardo Menéndez, de Ecologis­tas en Acción de Asturies, señala la existencia en todas las localidades de promociones enteras de viviendas vacías o a medias de construir, cuyas estructuras están deteriorándose, y que terminarán por ser demolidas. La enorme expansión urbanística de la pasada década supuso un enorme consumo de materiales, energía y suelo que "no respondía a una verdadera necesidad social", apunta Menéndez. Asimismo, el militante ecologista denuncia que la burbuja significó que se construyeran "equipamientos e infraestructuras sin sentido, como la ZALIA, el super puerto o la regasificadora de El Musel".

via Portada de DIAGONAL http://www.diagonalperiodico.net/global-asturies/20976-la-pah-asturiana-denuncia-la-existencia-mas-2000-viviendas-sociales-vacias

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